70 comercializadoras de luz y gas alertan de un "incremento muy sustancial de impagos"

53 comercializadoras independientes de luz y gas en España, a las que posteriormente se han sumado 17 más (70 en total), han hecho un frente común para reclamar soluciones al Gobierno, dada la crítica situación que están viviendo tras desatarse la crisis del coronavirus.

En una carta a la que ha tenido acceso El Confidencial enviada a la Secretaría de Estado de Energía y que se ha puesto también en conocimiento de la Dirección de Energía de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), estas empresas alertan del "aumento de la morosidad ocasionada por la disrupción económica y social que está generando la pandemia del Covid-19".

En este sentido, las firmas de venta de electricidad y gas natural advierten al Gobierno y al regulador de que "como consecuencia de las medidas urgentes extraordinarias adoptadas en el citado Real Decreto-ley 8/2020, y en particular en su artículo cuarto, que impide la suspensión del suministro 2 eléctrico a los consumidores vulnerables (siendo estos los que cumplen las condiciones especificadas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre), se está produciendo un incremento muy sustancial de los impagos de los clientes, independientemente de que cumplan o no la condición de consumidor vulnerable".

Advierten del "aumento de la morosidad ocasionada por la disrupción económica y social que está generando la pandemia del Covid-19"

En la misiva, las comercializadoras independientes explican que "ante la emergencia de salud pública causada por el Covid-19 y las medidas urgentes extraordinarias adoptadas por el Gobierno a través Real Decreto-ley 8/2020, los distintos agentes del mercado energético han anunciado medidas unilaterales que, pretendiendo mitigar el impacto en los clientes vulnerables, pueden discriminar y afectar la seguridad de los demás actores, y en especial deteriorar de forma grave e irreversible a la seguridad en la prestación del servicio al cliente final".

Dicho de otra manera, las pequeñas empresas del sector piden al Gobierno que intervenga para no verse arrastradas a la quiebra por iniciativas como el aplazamiento y fraccionamiento de pagos lanzadas desde el inicio de la crisis por las grandes empresas del sector (Endesa, Iberdrola y Naturgy).

La carta advierte que esto "afecta de forma desigual manera a los distintos agentes", ya que el impacto es facil mente amortiguable para una grande pero puede ser vital para una indpendiente. "Con la regulación actual, el impacto del aumento de la morosidad es sostenido únicamente por las comercializadoras, que ven como las facturas que emiten son devueltas, y, sin embargo, tienen que asumir los distintos costes del suministro eléctrico (peajes de las redes de transporte y distribución, cargos del sistema, pagos a OMIE/MIBGAS, IVA, IEE IEH, …) lamentaba la carta enviada a Transición Ecológica y la CNMC.

Solución solo para pymes y autónomos

El Gobierno ha dado una solución parcial en el Real Decreto-ley 11/2020 publicado este mismo miércoles, fundamentalmente para la morosidad de pymes y autónomos, de los que las comercializadoras dicen en su carta que "es particularmente elevada", ya que "muchos han perdido su fuente de ingresos". Desde este miércoles, las comercializadoras pueden suspender el pago de impuestos (IVA, impuesto especial sobre la electricidad e impuesto de hidrocarburos, en el caso del gas) y el pago al distribuidor por los derechos de acceso de terceros a la red de aquellas empresas que no paguen la luz o el gas hasta que no obtengan el pago del cliente que aplazó facturas.

Con esto, las comercializadoras alivian alrededor del 50% de sus costes. Además, el real decreto-ley contempla de manera específica el poder acudir a la financiación con avales del Estado dispuesta por el Gobierno para hacer frente a los impagos de pymes y autónomos para hacer frente al otro 50%.

Sin embargo, la solución articulada por el Gobierno para aliviar a las comercializadoras del impago de autónomos no se ha dispuesto para particulares, pese a la advertencia del fuerte incremento de impagos y que la carta también hacía recomendaciones para paliar esta situación. Por si esto fuera poco, las comercializadoras, muchas de las cuales están con el agua al cuello, han visto especialmente desafortunado el empeño del vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, de extender la garantía de suministro a toda la población.

Aunque no se pueda cortar (hasta ahora, tampoco se podía cortar, porque hay un periodo de procedimiento de impago de al menos dos meses), ejecutivos de estas comercializadoras señalan que un anuncio así, recogido en un decreto ley, va a generar un "efecto llamada". A este respecto, cabe destacar que la garantía de suministro no exime del pago a ningún consumidor. Sin embargo, el Gobierno hace este anuncio pero no ha articulado ninguna solución en el caso de que alguien impague, como sí ha hecho con los autónomos y pymes. Tras el anuncio de este martes del líder de Podemos, algunas empresas ya estaban haciendo "llamadas a la responsabilidad de los consumidores". Pese a todo, otras fuentes destacan que la fuerte caída de precios en el mercado spot ayudará a atravesar esta crisis a las pequeñas comercializadoras, que cerraron contratos a precio mucho más elevados con clientes con lo que sus márgenes, en muchos casos, están mejorando.

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Fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que Pablo Iglesias se quedó solo en esta medida, ya que otros ministros económicos del Gobierno, así como sus servicios técnicos, no le veían ninguna ventaja, toda vez que las propias compañías ya se habían comprometido a no cortar la luz durante el estado de alarma. Además, creen que lo único que puede generar un anuncio así son más impagos que tensen aún más a las pequeñas comercializadoras, que en caso de quiebra se verán abocadas a mandar sus clientes a una comercializadora de referencia (Endesa, Iberdorla, Naturgy, EDP o Repsol). Es decir, que indirectamente Pablo Iglesias, además de restringir la competencia, puede estar favoreciendo a las empresas que tanto ha criticado en el pasado por funcionar como un oligopolio.

El distanciamiento entre ministerios, explican las mismas fuentes, se demuestra en que la medida contemplaba en un primer momento que los afectados por ERTE por el coronavirus pudieran acogerse al bono social, una fórmula que estaba en borradores filtrados pero se quitó en el texto definitivo, ya que de nuevo las comercializadoras independientes veían la medida como una potencial fuente de pérdida de clientes hacia las grandes, que son las únicas que pueden dar los descuentos por ley.

Las comercializadoras independientes temen que la crisis dañe su posición en el mercado. La suma de estas empresas estaba obteniendo un importante flujo de usuarios de las grandes eléctricas, que llevan cinco años consecutivos de caídas cada vez más pronunciadas.